Créditos: Ana Lucía González
Al ritmo de mariachis, los representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), celebraron la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Nación para el 2017, el cual quedó con un techo de Q77 mil 309 millones 451 mil. Esto significa un 9% más respecto al año anterior.
Los alcaldes tienen razones para celebrar ahora que las 340 municipalidades del país recibirán una tajada mayor de pastel, al aumentar una vez más sus ingresos con el 10% de Aporte Constitucional. A esto se suma que la ruta del dinero ahora será más corta, debido a que los alcaldes recibirán los recursos de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), los que antes estaban en manos de los gobernadores departamentales.
Las tres administraciones más favorecidas con estos aportes han sido la Ciudad de Guatemala, Villa Nueva y Mixco. Varios de los municipios del departamento de Guatemala también cuentan con finanzas saludables, pues manejan presupuestos millonarios, lo que les permite una autosuficiencia financiera; en contraste con otros municipios más pobres y alejados del país.
Aporte vs inversión
En 1985, el Aporte Constitucional se estableció en un 8% y a partir de 1994 se elevó a un 10%. La Municipalidad de Guatemala, por mucho, encabeza la lista de las municipalidades del país con mayores ingresos: Q85.6 millones en el 2016. Goza de autonomía financiera, en parte porque es la ciudad con mayor población, más ingresos por IUSI (26% de sus ingresos), pero al mismo tiempo la que tiene mayor deuda. Le sigue Villa Nueva con un aporte de Q40.2 millones y Mixco con Q39.5 millones.
Edwin Escobar, presidente de la ANAM y alcalde de Villa Nueva, explica además que hay una fórmula adicional o “premio” hacia las municipalidades que generen mayores ingresos propios.
Esto no siempre fue de la mejor manera, como lo denunció en el 2010 el exvicepresidente, Juan Francisco Reyes, quien lamentó que algunas corporaciones municipales manipulaban la información de su comuna, logrando que se les asignara un mayor porcentaje del Aporte Constitucional, según lo cita el blog Gestión Territorial Municipal.
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), considera que anteriormente, quizá se dieron este tipo de casos, pero ahora es más complejo. Instituciones como la CGC, el Ministerio Público o la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), son los ojos para controlar y verificar todo tipo de anomalías.
Uno de los dilemas es la relación entre este aporte y la calidad del gasto de las comunas, las que en su mayoría ejecutan en obra gris. De acuerdo con técnicos de ANAM, las reformas al Código Municipal permiten enfocar ahora este gasto en salud y educación, lo que ayudaría a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Sin embargo, para Linares, el Código Municipal no establece con claridad cuál debería ser el destino de la inversión: si construir escuelas y obras públicas o gastarlo en la construcción de un mirador, como lo hizo la Municipalidad de Mixco. Entonces, lo que esto genera es un desorden en cuanto a competencias entre instituciones. “Lejos de coordinarse, se duplican esfuerzos, entonces hay dispersión de los recursos y no se atienden los temas prioritarios de los vecinos”, aseguró.
Fuentes: Segeplan, portal del SICOIN del Ministerio de Finanzas, SIAF del MINFIN, ANAM. Ninguno de los voceros de las respectivas comunas atendió la solicitud de información.
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