Por medio del Convenio de Coordinación y Cooperación Interinstitucional para la prevención y reducción de la tala ilegal de árboles en Guatemala, instituciones que conforman la mesa técnica sobre el tema presentaron los planes para abordar de manera directa dicho flagelo.
Entre las acciones para prevenir la tala, las autoridades consideran importante la orientación hacia el fomento de actividades forestales y el impulso de la justicia ambiental, así como una campaña de educación y divulgación, entre otras actividades, para proteger los bosques.
Rony Granados, gerente general del Instituto Nacional de Bosques (Inab), indicó que debido a las actividades que se realizan de manera integral se ha logrado reducir la tala ilegal.
Estadísticas que han mejorado
En 2010, por ejemplo, se reportaron 38 mil hectáreas de bosque afectadas, mientras que en 2019 se reportan 18 mil, manifiestan las autoridades.
Esta reducción se debe al desarrollo de operativos y monitoreos estratégicos, en especial en el occidente del país. Las áreas con mayor incidencia son regiones de Chimaltenango, Guatemala, Quiché, Huehuetenango y Petén. La causa más frecuente de la tala es la recolección de leña para uso doméstico, precisó Granados.
“Lo que el convenio busca es la promoción y la participación de todos los actores involucrados, para diseñar e implementar una estrategia a largo plazo para prevenir y reducir el delito”, explicó el funcionario.
César Augusto Sandoval, asesor para la elaboración de los planes institucionales, dijo que lo que se ha logrado definir dentro de los procesos es la orientación hacia el fomento de las actividades forestales, sin dejar a un lado las políticas vigentes.
También se ha desarrollado un plan entre las instituciones, resaltando la coordinación que se debe impulsar con el sector encargado de aplicar la justicia ambiental. Por otra parte, se está desarrollando un programa de revisión de la normativa vinculada con el aprovechamiento forestal de los bosques, y para ello se ha coordinado con el Inab y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), añadió.
La comisión está integrada por la Vicepresidencia de la República, los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Conap, el Inab, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Para el próximo año se espera que se adhieran a la mesa los ministerios de Gobernación y Defensa.
Dan prioridad a incentivos forestales
De 2016 a 2019, el Gobierno de Guatemala ha priorizado el esfuerzo por conservar y cuidar de manera sostenible las zonas boscosas del país.
Para ello ha priorizado la asignación de no menos de Q500 millones y desembolsos para los programas de incentivos forestales como los poseedores de pequeñas extensiones (Pinpep) y de la entidad Probosque. En cuatro años, más de 24 mil proyectos han sido incorporados a dichos programas, manteniendo las fases de plantación forestal, el sistema forestal y la protección, producción y restauración.
También la creación de no menos de 17 millones de jornadas en esas modalidades. Esto ha permitido beneficiar a 240 mil familias, de las cuales la mitad viven en Huehuetenango, San Marcos, Alta y Baja Verapaz y Petén.
El total de personas beneficiadas de manera directa o indirecta suma 1 millón 214 mil 219, durante el presente período, y de ellas el 35 % son mujeres.
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