Empresarios del sector de alimentos y bebidas consideran que la propuesta de Ley de Promoción de Alimentación Saludable, promovida por la Comisión de Desarrollo Social, presidida por el diputado Jairo Flores, del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, y otros diputados, es preocupante debido a que pretende establecer nuevos impuestos a los alimentos y bebidas. Este nuevo impuesto busca eliminar la obesidad y las enfermedades que genera este estado.
En la propuesta de ley se obliga a los productores nacionales y a los productos importados, a cumplir con nuevos parámetros de contenido de ingredientes en los alimentos, tales como azúcar, sodio, edulcorantes, grasas, grasas saturadas, grasas trans. Estos parámetros no responden en todos los casos a la dieta del guatemalteco.
Exige que los alimentos procesados nacionales e importados se etiquete el producto colocando un sello por cada ingrediente que sobrepase la cantidad límite establecida para cada alimento. Actualmente ya existe legislación internacional de etiquetado que indica con claridad las cantidades de los ingredientes que contiene cada producto, e informa al consumidor lo que está comprando.
El nuevo impuesto se aplicaría en forma directa a la cantidad de etiquetas en forma de sellos de advertencia sobre el exceso de cada ingrediente. El rango del nivel impositivo va desde 5% hasta 35% sobre el precio final del producto al consumidor. Este impuesto causará un grave impacto en la económica familiar, y no necesariamente resolverá la obesidad de la población.
La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas –CGAB- considera esta iniciativa como una amenaza directa a la producción, al comercio y a la economía del país. “El anteproyecto de Ley afecta en primer al consumidor, luego al productos nacional e importador porque esta propuesta de ley obliga a reformular muchos de los productos que están en el mercado, lo cual requiere inversión, capacidad técnica y tiempo”, explica Enrique Lacs, Director Ejecutivo de la CGAB.
La CGAB también ve como otra amenaza de la iniciativa su impacto en las importaciones de los productos, porque no podrían cumplir con el reglamento del nuevo etiquetado.
“Se afectaría la economía y podría provocar un desabastecimiento de alimentos y bebidas. Al mismo tiempo fomentaría una competencia desleal entre empresas y porque se incrementaría el contrabando, que la autoridad sanitaria no tiene capacidad de controlar”, indica Luis Mazariegos.
Según el diputado Flores la iniciativa en mención vendría a proteger el derecho a la salud y su fin es reducir las enfermedades crónicas y no transmisibles. Para Enrique Lacs, el tema de salud se deriva de los malos hábitos alimenticios, los excesos del consumo y la falta de ejercicio y con impuestos no se resolverá.
“Creemos que esta iniciativa no es necesaria y que no ha sido analizada debidamente. Los productores nacionales cumplimos con las normativas nacionales e internacionales referentes a las cantidades de nutrientes y etiquetado. Como CGAB estamos comprometidos todo el tiempo a brindar información que ayude a las personas a tomar decisiones más acertadas para el bienestar de las personas”, finalizó.
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