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La funesta Corte Suprema de Justicia

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No es agradable referirse de esa forma a un poder del Estado tan importante, aunque no es solo este organismo el que anda mal, pues los otros dos están igual o peor. Pero cuando la ciudadanía espera lo mejor de los magistrados de ese alto organismo, que sean ejemplo para los demás funcionarios judiciales, resulta decepcionante ver las actitudes para favorecer sus perversos fines personales y familiares. Me refiero en concreto a Blanca Stalling Dávila, magistrada vocal VII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), solicitaron un antejuicio contra la magistrada Stalling, señalada por el delito de tráfico de influencias, al haber pretendido presionar en las decisiones del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, en donde se ventila el juicio contra su hijo Otto Molina Stalling, quien es uno de los sindicados en el caso IGSS-PISA.

No quiero aparecer como un soba levas, como algunos columnistas en referencia a la actitud del presidente Jimmy Morales respecto a la detención de su hijo y hermano, pero creo que ha actuado con prudencia y respeto de no aprovecharse de su alto cargo para beneficiar a sus parientes.

En cambio, la magistrada Stalling, que no es la primera vez que se le señala, pues en mayo del 2015 el MP y la CICIG aseguraron que tanto ella como la juez Marta Sierra de Stalling y su hijo, pudieron haber cometido el delito de tráfico de influencias en el caso “Bufete de la Impunidad”, aprovechándose de sus cargos para beneficiarse personalmente.

Si en realidad ella quisiera proteger a su hijo, debería esperar a que sea la justicia la que se encargue de resolver si es inocente o culpable, pero la sensación que da es que lo quiere proteger porque está sabida que su hijo no es una mansa paloma, y está muy involucrado en el sucio negocio del IGSS-PISA, y por ello pretendió influir en el juez Carlos Giovanni Ruano, quien tuvo el valor de grabar esa conversación con Stalling, lo cual puso al descubierto su delito. Una buena madre le aconseja a su hijo que asuma con responsabilidad lo que hizo, y no le apaña su sinvergüenzada.

Me encuentro escribiendo mi columna cuando veo la noticia que magistrados de la CSJ trataron de proteger al corrupto y prófugo de la justicia, el exdiputado Luis Rabbé, y a algunos integrantes de su junta directiva, por haber creado plazas fantasma dentro del Congreso. En la nota aparece que el proceso se generó con la denuncia que presentó la magistrada María Eugenia Morales Aceña, en contra de los magistrados Sergio Pineda, Vitalina Orellana, Patricia Valdés (actual presidente de la CSJ) y Néster Vásquez Pimentel, quien presidía la Cámara de Amparos y Antejuicios.

Ya que la magistrada Morales Aceña es una profesional honesta, lo cual ha demostrado a lo largo de su carrera, y gracias al prestigio que goza, ha sido una piedra en el zapato para todos los magistrados, y por eso siente que su llegada a la CSJ molestó a todos sus colegas.