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Los funcionarios corruptos comenten crímenes de lesa humanidad

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La política pública –de cualquier Estado– se establece con el criterio del bien común. Por ende, es imprescindible crear una estrategia gubernamental a partir de las necesidades de todos los grupos de una sociedad determinada, a quienes van dirigidas estas acciones.

Pero cuando se elimina el “bien común”, como premisa de clave de la política pública, porque no se toma en cuenta las necesidades básicas de todos los grupos de una población; se crea una política perversa que condena a los ciudadanos a morir de hambre. Se construye una política particular para beneficiar a un sector definido, una política de orden mezquino que enriquece de forma exponencial al grupo beneficiado y empobrece hasta aniquilar a los otros sectores.

Para el funcionamiento, en el plano  financiero de las políticas públicas, se usan los recursos que se adquieren de la administración del Estado. Es decir, de los impuestos u obligaciones tributarias que impone una sociedad a sus miembros para que la misma pueda continuar en el tiempo. Por eso, la política pública debe tener como premisa fundamental la inclusión; a saber: salud, educación, seguridad alimentaria, entre otras para todos.

Sin embargo, esta relación de política pública más el bien común es una incongruencia que persiste muchos países; véase América Latina o los llamados del tercer mundo, porque el dinero para que funcionen las sociedades se extrae del ciudadano, pero la política pública está orientada a beneficiar a un sector en particular. Como sucede con las transnacionales que se posicionan en los países o los sectores económicos como banqueros, comerciantes, hoteleros, comerciantes de la fe y otros advenedizos del bien común.  En ese sentido, el ciudadano de a pie es despojado en todos sentidos dentro de la ética del arribista que tienen estos miembros de la sociedad.

Por eso, mi tesis fundamental es que los actos de corrupción de altos funcionarios son crímenes de lesa humanidad. Ya que la política pública está orientada a beneficiar a un sector, financiada por toda la sociedad como lo hemos expresado y encima los funcionarios “electos popularmente” se convierten en delincuentes rapaces al apropiarse de forma ilícita de los recursos restantes y muy limitados para la población.

En el caso de nuestro país, el expresidente Otto Pérez y la exvicemandataria Roxana Baldetti  o el pastor Cash Luna –quien aceptó dinero sucio de la corrupción–, o el hotelero Carlos Enrique Monteros Castillo son los ejemplos puntuales de esta tesis. Por eso, la sociedad –usted y yo querido lector– los debemos considerar como criminales que le han hecho daño a la humanidad y como tales deben ser tratados como lo que son: delincuentes y cada día de sus mezquinas vidas deben hacer acciones nobles para tratar de redimir su egoísmo; al menos lavar baños en las prisiones o coser ropa para los sectores que ellos, con sus acciones viles, terminaron de dañar.

NO más privilegios para los corruptos y si el cómico que tenemos por presidente les hace una prisión especial, en vez de orientar los recursos del país para que todos los habitantes tengan una vida digna, él también -el señor Morales- debe estar preso desde ahora.  Estas acciones y sus desorientadas políticas públicas están cometiendo, nuevamente, crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, nos debe parecer deleznable tener que soportar –como población– una política pública orientada a beneficiar a sus compinches militares y luego de cuatro años esperar para que sea juzgado como el criminal que es desde ya