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Guatemala debe concretar con urgencia proyectos en beneficio de las personas con discapacidad
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, presentó un informe en el que se hicieron observaciones que señalan más de treinta motivos de preocupación, como que no se dispone de un procedimiento para certificar el grado de discapacidad.
William Zapeta sale todas las mañanas de su casa, ubicada en la zona 8 de la ciudad, acompañado de su fiel amigo Nor, un labrador entrenado para guiar a personas no videntes, y se encamina a una de las paradas del Transmetro para trasladarse a su trabajo, en la zona 1.
Zapeta tiene 34 años y desde que tenía 2, perdió la visión después de que le practicaran una operación ocular en el Hospital Roosevelt. Pero eso no lo detuvo y se esforzó para salir adelante. Logró su sueño de llegar a la universidad y actualmente tiene cerrado el pénsum en la carrera de Sociolingüística en la Universidad Mariano Gálvez.
Además, desde hace trece años, la escuela Leader Dogs for the Blind, de Michigan, le concedió un perro guía y se le ha facilitado movilizarse. Sin embargo, esta suerte no la corren todas las personas discapacitadas, ya que en Guatemala la accesibilidad universal aún es un tema no resuelto.
En los primeros días de septiembre, Guatemala recibió las observaciones finales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que se realizó con base al trabajo que el país ha llevado a cabo para beneficiar a la población discapacitada en los últimos años.
En el documento, los evaluadores del comité manifestaron que entre los aspectos positivos están la aprobación de programas y leyes, como la reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la República para la integración de la Comisión Sobre Asuntos de Discapacidad; la creación de oficinas municipales y departamentales que tratan el tema y el desarrollo en curso de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2016, que se espera esté lista para diciembre.
Sin embargo, en las observaciones se encuentran más de treinta motivos de preocupación como que no se dispone de un procedimiento para certificar el grado de discapacidad, la discriminación, la explotación, violencia y abuso; la limitada comunicación y acceso a la información, desempleo, y la falta de la accesibilidad a espacios físicos y medios de transporte de las personas discapacitadas, entre otros.
“Seguro hay mucho de que trabajar al respecto, especialmente nuestra movilización, porque desde que uno sale a la calle encuentra las banquetas con agujeros, tragantes sin tapaderas, postes mal puestos, telefonía pública por donde sea y eso nos arriesga a que suframos un accidente”, expresa William, quien asegura sentirse bendecido por su perro guía, pero que enfrenta la limitación del ingreso a hoteles, restaurantes e incluso al Palacio Nacional de la Cultura.
Tienen fe en la aprobación de nueva ley
La evaluación de la ONU detalla que se debe agilizar el proceso de aprobación de la iniciativa de ley 5125, que ayudaría a que el Estado alcance niveles óptimos sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La iniciativa señala que las municipalidades deben emitir un reglamento que contenga las especificaciones técnicas mínimas aplicables al entorno urbano, edificaciones públicas y privadas donde se vaya a atender al público.
“Se obliga a las empresas de transporte público a acondicionar sus unidades para hacerlas accesibles a personas con discapacidad. El acondicionamiento de las unidades se dispone de forma gradual, un 10% anual hasta llegar en cinco años al 100%. Similares normas se disponen para el servicio de taxis”, señala la iniciativa 5125.
Además se exige a las instituciones públicas y privadas de atención al público, que brinden intérpretes cuando sea requerido e información en formatos accesibles y que cuenten en sus páginas web con gadgets que faciliten el acceso a personas con cualquier tipo de discapacidad.
